La escuela en la medida que quiera seguir siendo útil,
como institución educativa y formadora, debe plantearse entre otras cosas como
incorporar los nuevos conocimientos que demandan los cambios sociales a los
procesos educativos. Cambios que requieren un cambio profundo, el convertir la
escuela en una comunidad de aprendizaje capaz de asumir y suministrar la lluvia
de información existente para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los padres
y madres no han sido formados en y para la participación lo que deriva en una concepción
demasiado individual de su papel participativos en la unidad educativa, lo que
les lleva a circunscribir su relación con la escuela, en el mejor de los casos
a la problemática de sus hijos.
Existe
una falta de conciencia de lo que significa ser y pertenecer a la comunidad educativa,
por parte de los padres en la actualidad. Es este un trabajo que hay que
plantear en el ámbito de la comunidad educativa. Ni los docentes por una parte,
ni los padres y madres por otro podrían llevar a término esta labor. Para ello,
es necesario caminar hacia la creación de contextos escolares democráticos,
donde la participación colaborativa de todas las personas que intervienen en el
proceso educativo confluya en la misma dirección y con los mismos objetivos.
Desde
esa perspectiva, es la escuela como comunidad educativa, la que tiene que
arbitrar las medidas necesarias para que se puedan implementar los cambios pertinentes
que la educación actual necesita para responder, tanto a los cambios sociales, como
a los cambios que las necesidades de los alumnos necesita.
El Plan
de Derecho Educativo para la Convivencia Escolar (P.D.E.C.E.)
es un proyecto educativo, en cuya
elaboración intervine toda la comunidad educativa, recoge los valores y
principios normativos, que responden al tipo de educación que cada comunidad
educativa requiere.
Es
necesario establecer los mecanismos para que los padres y madres en general
conozcan primero que es, para qué sirve y qué sentido tiene ese proyecto en la
comunidad educativa. Y después, propiciar los medios para que toda la comunidad
escolar pueda participar realmente en un proceso democrático de elaboración
reelaboración sistemática de las normas de convivencia de la escuela.
Hay
que superar algunas reticencias que las familias encuentran a la hora de
participar en su elaboración. Además de lograr que los padres y madres se
impliquen en una participación más real y efectiva del funcionamiento de su escuela.
Alcanzar estos retos, difíciles, pero no utópicos, será sin lugar a dudas el
resultado de un trabajo conjunto de docentes y familias.
El
proceso educativo resultante de dicha participación democrática debe ser, en cada
momento, el referente para articular y vertebrar todas las actuaciones que se
realicen en la escuela.
Hay
que trabajar en todas las direcciones posibles para lograr que la participación
de las familias y de toda la comunidad educativa sea lo más directa y amplia
posible.
Se
trata en definitiva de conseguir que familias y docentes, desde el contexto de
una escuela democrática, puedan desarrollar conjuntamente una colaboración
mutua para lograr la enseñanza necesaria en cada momento.
Derecho Educativo